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Jueves, 5 de septiembre de 2013
EL PAPA ORDENO INVESTIGAR A UN CURA
SOSPECHADO POR UNOS CINCUENTA ABUSOS
La lupa del Vaticano en Paraná
El ex prefecto del
Seminario Menor de Paraná Justo José Ilarraz ya había sido investigado
internamente en un expediente secreto. El caso llegó a la Justicia, pero la
Cámara determinó que los delitos habían prescripto. Ahora Bergoglio mandó abrir
una nueva investigación.
A Justo José Ilarraz
se le atribuyen abusos que supuestamente ocurrieron entre 1984 y 1992.
El Vaticano ordenó una segunda
investigación interna para analizar las acusaciones de pedofilia contra el ex
prefecto del Seminario Menor de Paraná Justo José Ilarraz, acusado de abusar
sexualmente de al menos medio centenar de seminaristas de hasta 14 años entre
1984 y 1992. La investigación está a cargo del vicario de Justicia del Tribunal
Interdiocesano de Santa Fe, Alejandro Bovero, quien analiza el testimonio de una
de las víctimas que ya declaró ante la Justicia de Entre Ríos. El mes pasado,
la Cámara del Crimen de Paraná dispuso que las acusaciones contra Ilarraz
habían prescripto. Los querellantes llegaron a la corte provincial y aguardan
que ésta convoque a una audiencia pública para debatir la apelación.
Los casos denunciados contra Ilarraz
corresponden a los años 1984 y 1992, pero recién salieron a la luz pública en
septiembre de 2012, cuando un seminarista de 33 años declaró ante el fiscal
Rafael Cotorruelo, para relatar cómo, entre esos años, medio centenar de niños
que por entonces tenían entre 12 y 14 años eran abusados por el cura Justo José
Ilarraz. La Justicia intervino de oficio luego de la publicación de los casos
en un medio paranaense.
Durante la investigación judicial se
supo que a principios de los ’90 circulaban rumores que apuntaban contra
Ilarraz y que el por entonces arzobispo Estanislao Karlic ordenó una
investigación diocesana, que quedó a cargo del sacerdote y abogado Silvio
Fariña y del vicario general de Concordia, Alfonso Frank. Las actas del juicio
diocesano nunca fueron elevadas a tribunales superiores ni se abrieron a la
Justicia penal. Ilarraz fue enviado al Vaticano y luego trasladado a Tucumán,
donde ejercía en una parroquia del barrio Ñuñorco, en la localidad de Monteros,
hasta que se desató el escándalo y se esfumó como un espíritu.
Pero los defensores de Ilarraz abogaron
por la prescripción del caso. El juez de instrucción Alejandro Grippo rechazó
el pedido y continuó con la investigación, pero la Sala Primera de la Cámara
del Crimen de Paraná dio vuelta el fallo y consideró que había prescripción. La
querella apeló y en agosto pasado la Sala Primera abrió la puerta para que se
llegara a Casación. Ahora, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia
(STJ), que integran Claudia Mizawak, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia,
deberá convocar a una audiencia pública en la que se debatirá la apelación.
Entretanto, el Vaticano ordenó una
investigación propia, paralela a la judicial, para analizar el caso de Ilarraz.
Las actuaciones están a cargo del vicario de Justicia del Tribunal
Interdiocesano de Santa Fe, Alejandro Bovero, quien analiza el testimonio de
una de las víctimas que ya declaró ante la Justicia de Entre Ríos por los
supuestos abusos. Bovero confirmó a la prensa que, a pedido del Vaticano,
inició hace más de un mes la investigación, que “no es un juicio, sino una
instrucción previa” y que “lo instruido lo devuelvo a la Santa Sede”. Bovero es
párroco de la iglesia Sagrada Familia de la localidad de Santo Tomé y docente
en el Seminario de Santa Fe y en la Universidad Católica de esa provincia. “Las
decisiones las toma la Santa Sede y después las ejecuta a través del obispo de
cada lugar.”
No es la primera investigación que
ordena el Vaticano. Precisamente, la anterior, ordenada por Karlic, una vez
detallada fue archivada y sacada de circulación. Precisamente ese ocultamiento
es el que esgrimen los querellantes y el fiscal Martín Cotorruelo para reclamar
que el caso no sea archivado. Cotorruelo presentó el recurso de Casación, en el
que reprochó el apresuramiento de la Cámara en cerrar la investigación, al
declarar la prescripción, sin aguardar a que se dilucide cuántos hechos
ocurrieron y hasta qué período se extendieron los abusos.
Los querellantes sostienen que la causa
no puede prescribir porque el cura violó los derechos humanos de las víctimas,
todas menores de edad, que no tuvieron la oportunidad de acudir a la Justicia
por el ocultamiento que la iglesia local hizo del caso.
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